Dic 20 2007

PAC ACTUA CONTRA LA CONSTITUCION Y CONTRA EL PAIS

Published by under Política

Maris Stella Fernández
Abogada, periodista, empresaria.

El comportamiento de la fracción legislativa del PAC, negándose a conformar el quórum para que el plenario pueda sesionar y tramitar los proyectos de la agenda de implementación del TLC es inconstitucional, violatorio del reglamento legislativo y éticamente insostenible, además de generarle un gran daño al país.

Los 17 diputados de esa fracción alegan que no tienen obligación de contribuir a hacer quórum en las sesiones extraordinarias, porque ellos estuvieron en contra del TLC, están en contra de la “agenda de implementación”; y que por lo tanto, esa obligación le corresponde exclusivamente a los 38 diputados afines a ese tratado comercial.

En el artículo 121 Constitucional se establecen las obligaciones o competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa, donde figura en primer lugar el mandato de “dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica”; y también habla de responsabilidades u obligaciones de la Asamblea como órgano colegiado, como Poder de la República como una unidad; sin hacer referencia específica al o los diputados. Esto significa que cualquier actuación individual o colectiva de los parlamentarios que le impida a la institución cumplir con sus obligaciones constitucionales, debe considerarse un proceder contrario al marco del Derecho de la Constitución, en tanto los diputados son funcionarios públicos (del más alto nivel) con todas las responsabilidades que eso acarrea. Es así como este precepto es desarrollado en el propio Reglamento legislativo, que define como primer deber de los diputados asistir a sesiones (artículo 2), sin establecer excepciones en cuanto a si éstas son ordinarias o extraordinarias, y menos justificar ausencias en función de estar en contra de los asuntos en debate.

En relación con el TLC y la agenda de implementación, debe tenerse presente que en el texto del tratado se habla expresamente de los ámbitos o sectores en los que deben modificarse leyes existentes o aprobarse nuevas, como condición sine qua non para que el acuerdo comercial entre en vigencia.

Asimismo, en la normativa en que se sustenta ese convenio quedó establecido el plazo de 2 años, contados a partir de la fecha en que el primer país aprobó el TLC, como fecha límite para que los otros países se adhirieran formalmente al Tratado.

Ese primer país fue El Salvador, en la fecha del 29 de febrero del 2006. Consecuentemente, el plazo perentorio vence el 29 de febrero del 2008, como condición indiscutible y obligatoria para todas las naciones firmantes del convenio.

El 8 de octubre el pueblo en referéndum aprobó el TLC, incluyendo la aceptación del 29 de febrero del 2008, como fecha límite para aprobar la legislación complementaria de ese tratado, que deriva directamente de su normativa.

Así las cosas el panorama es absolutamente claro: aquí hubo un referéndum, máxima instancia legislativa del país, mediante el cual el SOBERANO (EL PUEBLO), le dijo sí al TLC y a todas las regulaciones que ella implicaban, entre las que están las denominadas “leyes de implementación”. La Asamblea Legislativa –en su condición de ente- como depositaria del ejercicio del poder legislativo, debe respetar absolutamente la voluntad popular emanada del anterior referendum, sin que pueda detenerse a cuestionar la bondad de esa decisión. Antes bien, se impone su implementación ejecución, lo que se traduce, en este caso, en la aprobación los proyectos necesarios para echar a andar ese tratado, y hacerlo en el plazo acordado y aceptado por los países firmantes del TLC.

Si la Asamblea no actúa en esta dirección está irrespetando el mandato expreso del pueblo, incurre en desacato y los diputados pueden ser acusados penalmente por desobediencia, por incumplimiento de sus deberes; además, de que podrían promoverse,
reclamos de responsabilidad patrimonial, por quienes se vean afectados por la inacción de estos funcionarios. Además, cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, contra el proceder legislativo de imposibilitar la ejecución de la voluntad popular expresada en un referendum (en afectación de los derechos electorales, de la libertad de empresa y del derecho al desarrollo del país).

Así es que la actuación de la fracción parlamentaria del PAC no es una simple jugarreta legislativa. Es un acto de desobediencia frente al mandato del pueblo, de naturaleza inconstitucional, que afecta severamente la institucionalidad y los intereses del país.

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