Quememos Brujas

¿Cacería de brujas?

Hablando Claro
por Vilma Ibarra

Cuenta la historia que durante la tristemente célebre época de la cacería de brujas de la Inquisición (1450-1700) miles de personas acusadas de practicar la brujería (por supuesto, la inmensa mayoría mujeres) eran quemadas o ahorcadas bajo la premisa de que si no se procedía de tal manera, Satanás, el pecado y las fuerzas del mal prevalecerían en el mundo.

La primera cacería masiva de brujas se efectuó en un pueblo francés llamado Arras con la detención de un ermitaño miembro de un pequeño grupo de protestantes que se había apartado de la Iglesia católica. Comenzaron entonces las torturas para obtener confesiones o sumisión y aquellos castigos eran de tal naturaleza que las víctimas eran capaces de confesar cualquier crimen con tal de no seguir siendo objeto de las brutalidades de los torturadores.

Cuenta la historia también que afortunadamente para los no católicos, Arras era el centro del comercio y la producción de aquel tiempo y por supuesto llegó un momento en que los comerciantes extranjeros comenzaron a asustarse de lo que ocurría y esto lógicamente empezó a causar pérdidas a la pujante economía "arrense". Siendo así, el Duque de Borgoña intervino y por orden del parlamento y del obispo todos los prisioneros fueron liberados y, terminó entonces la cacería de brujas... (al menos en Arras, porque por supuesto ya para entonces la funesta práctica se había extendido a casi toda Europa donde se prolongó hasta mediados del siglo XVIII).

Viniendo al presente, me pregunto hasta dónde habremos de llegar con nuestra propia cacería de "herejes consultores" convertidos todos ahora en "corruptos pecadores" para terminar con los linchamientos que tanto nos entretienen y de los que son responsables algunos políticos, algunos medios de comunicación y casi todos los que creemos tener la verdad de nuestro lado y el pecado en la acera de enfrente.

Incapaces como parece que somos de separar la paja del grano, lo incorrecto de lo correcto, lo antiético de lo ético, a lo mejor tendremos que sufrir una crisis económica mucho mayor que la que sufrieron los arrenses para que finalmente nos ocupemos de lo que nos está dañando tanto, en lugar de estar concentrados en la última actualización de la lista de herejes.

Dicho de otro modo, me pregunto hasta dónde habrá de llegar el precio del dólar, las alzas en los combustibles, el precio de los granos y todos los demás problemas que nos tienen de cabeza para que terminemos la cacería de brujas y empecemos a trabajar por las soluciones que el país reclama.
No me siento muy optimista, porque juzgar a los demás eximiéndonos nosotros mismos, es tan humano como inevitable. Razón por la cual voy a defender hasta las últimas consecuencias mi ejercicio profesional liberal como asesora, mientras seguiré pensando que probablemente el ejercicio de los "otros" tenga algún vicio de irregularidad...

3 comentarios:

Terox dijo...

"Pagan justos por pecadores"

Rara vez calza mejor esta frase. No me queda duda de que hay "paja mezclada con el grano" (o debería decir, mecánicos, músicos, políticos) en este asunto, por lo que "volarle fuego" parejo no es tampoco razonable. Y ¿quién le va a poner el cascabel al gato si todo tiene tinte político (más bien politiquero)?

Aún así, sería sano que se pudiera conocer en detalle en qué consiste cada asesoría...

Alejandro Trejos C. dijo...

jajajaj, Solo Terox, comentador oficial por dicha de toda la comunidad

Si compañero, hay de todo seguramente. Nosotros ya enviamos todo a la contraloría

Saludos

RODOLFO-J. RODRIGUEZ-R. dijo...

Resulta burdo e indecente llamar como "cacería de brujas", el pedir cuentas a funcionarios públicos del más alto nivel, ante el peor acto de corrupción que se ha develado en la historia de Costa Rica, en una actuación de una subterránea red de vulgares "cacos mafiosos" de la oclocracia en que nos han sumergido, festinando los sagrados dineros del erario público, incluso aquellos dirigidos a algo tan vergozoso para la dignidad humana como lo son los precarios, mientras la miseria se concentra en los sectores más pauperizados de la población costarricense ( el coeficiente de Gini en los últimos 20 años pasó de 0,3 a 0,5, como producto de las políticas monetaristas y todo evidencia que seguirá aumentando significativamente -).

Lo más indecente es que los involucrados, tanto los que han salido en las listas de la prensa, como los que aun no han salido, no tienen la decencia de reconocer sus actos no solo son inmorales sino ilegales y para muestra unos botones a continuación. Tanto en el uso de la donación otorgada por el Gobierno de Taiwán al Gobierno de Costa Rica por US $2.5 millones; y en el de la "donación" hecha por el BCIE, igualmente, al Gobierno de la República por $2 millones (dos millones de US dólares), necesitan cuando menos evaluarse con las siguientes normas del Ordenamiento Jurídico y por los motivos que en cada caso se señalan:

1.- Ambas donaciones al Gobierno de la República, debe reputarse como efectuadas a favor del Estado costarricense.

2.- Dichas donaciones son fondos públicos y por ser tales forman parte de la Hacienda Pública, a tenor de lo dispuesto en el transcrito artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

3.- Contribuye a fortalecer el carácter público de las citadas donaciones hechas por el BCIE y el Gobierno de Taiwán, las siguientes normas transcritas anteriormente:

a) El artículo 8 de la Ley 8131, que expresamente indica que deben formar parte del presupuesto de la República, entre otros recursos, los provenientes de DONACIONES;

b) Expresamente dispone el artículo 103 de la citada Ley No. 8131 que: “Todos los bienes, las obras o los servicios que la Administración Central reciba en carácter de donaciones nacionales o internacionales, deberán tramitarse según los lineamientos que determine para este efecto la Dirección General de Administración de Bienes”.

c) Las donaciones deben ingresar a la Caja única del Estado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley No. 8131.

d) La Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito (Ley No. 8422), califica como “fraude de ley” las actividades que realicen los funcionarios que “no se (sean) conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico”.

e) La citada Ley No. 8422 en su artículo 6, transcrito, dispone que los actos realizados con “fraude de ley” puede ser declarada en vía administrativa por la Contraloría General de la República.

f) La normativa citada anteriormente, establece prohibiciones a percibir compensaciones salariales, que deben ser analizadas, si alguno o algunos de los perceptores de las sumas erogadas por el BCIE, relacionadas con las citadas donaciones, incurrió en la prohibición dispuesta en el artículo 16 de la Ley No. 8422.

g) Igualmente la Contraloría debería determinar si en el caso de los pagos efectuados por el BCIE, a cargo de las citadas donaciones, se dieron las causales de responsabilidad administrativa, indicadas en el artículo 38 de la Ley No. 8422.

h) Y, finalmente, la Contraloría deberá determinar si al violarse el ordenamiento jurídico en disposiciones que afectan la Hacienda Pública, al haberse dispuesto de FONDOS PÚBLICOS, QUE DEBIERON INGRESAR A LA CAJA ÚNICA DEL ESTADO Y SER PRESUPUESTADOS MEDIANTE LEY DE LA REPÚBLICA, si procede denunciar al Ministerio Público la comisión del delito de fraude de ley en la función pública, a tenor de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley No. 822.


Y en tanto: el artículo 58 de la citada Ley No. 8422, dispone que:

“Será penado con prisión de uno a cinco años, el funcionario público que ejerza una función administrativa en fraude de ley, de conformidad con la definición del artículo 5 de la presente Ley. Igual pena se aplicará al particular que, a sabiendas de la disconformidad del resultado con el ordenamiento jurídico, se vea favorecido o preste su concurso para este delito”.


Son muchos otros elementos jurídicos que podrían citarse que muestran la flagrante violación de la normativa jurídica costarricense, sin contar las normas más fundamentales de la ética de la administración de la Cosa - Pública. Los costarricenses que aun guardamos altas reservas de digninidad, lucharemos hasta nuestro último aliento, para ver estas ordas de cacos de cuello blanco tras las rejas, pues en caso contrario hay que recordar que por menos Pepe Figueres levantó las armas en el 48 contra la cleptocarcia dominante. Por eso se creó la Contraloría General de la República a partir de la fundación de la Segunda República, y si se le ha ocultado la información por parte de los más altos funcionarios de la administración pública de la nación costarricense, se muestra a todas luces que se ha violado la normativa jurídica costarricense con toda nocturnidad, alevosía y premeditación, por lo que son delitos punibles. Todo esto bie se podría pasar a la historia como el "Arias-Gate", así que espero que el presidente de la República costarricense llegue a tener la hidalguía que tuvo Nixon en EE.UU.

Atte.
RODOLFO-J.RODRIGUEZ-R.
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